El pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) correspondiente a septiembre presentó dificultades para miles de pensionados y pensionadas, quienes no recibieron el beneficio en la fecha que tenían prevista durante el periodo de Fiestas Patrias. Frente a esta situación, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó una nueva fecha para concretar los pagos pendientes. De acuerdo con lo comunicado por el organismo, este miércoles 23 de septiembre estará abonada la PGU y otros beneficios pendientes para un grupo de pensionados de BICE Vida que no recibió sus pagos durante este mes y que tampoco pudo realizar el cobro presencial antes del periodo de feriados.

Las personas que aún mantienen obligaciones pendientes asociadas al Préstamo Solidario podrán acceder a nuevas alternativas para regularizar sus deudas a través de la Tesorería General de la República (TGR). El mecanismo permite establecer convenios de pago de 12, 18 o hasta 24 cuotas, facilitando que quienes todavía tienen saldos pendientes puedan regularizar su situación sin tener que pagar la totalidad de la deuda de una sola vez. La alternativa fue informada por la TGR y permite realizar parte importante del proceso de manera online.

La Corte Suprema acogió el reclamo de ilegalidad presentado por Enel Distribución Chile S.A. contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), dejando sin efecto la instrucción administrativa que obligaba a la empresa a entregar de manera permanente y antes de una eventual interrupción del suministro equipos de respaldo a las personas inscritas en el Registro de Personas Electrodependientes. La resolución corresponde al Rol N.º 1.651-2026 y fue dictada por la Tercera Sala del máximo tribunal. La Corte determinó que, bajo la normativa vigente al momento en que la SEC emitió su instrucción, la legislación contemplaba dos alternativas para el suministro de respaldo: la entrega temporal o permanente de los equipos. Por ello, concluyó que el organismo fiscalizador no podía imponer administrativamente una sola de esas modalidades. La controversia se originó en abril de 2025, cuando la SEC instruyó a Enel que las personas inscritas en el Registro de Personas Electrodependientes debían contar con equipamiento de abastecimiento de energía de manera permanente, dejando la modalidad temporal para situaciones específicas. La medida había sido adoptada en un contexto marcado por interrupciones de suministro y la necesidad de reforzar la protección de quienes dependen de la electricidad para mantener funcionando equipos médicos.

En una reciente carta publicada en el diario El Mercurio, los presidentes de la Asociación de Bancos y de la Asociación FinTech se refieren a la propuesta de aumentar la tasa máxima convencional (TMC) para el microcrédito, la fundamentan en el combate al crédito ilícito que realiza el crimen organizado y sostienen que “revisar la fórmula no es desregular, es corregir una política pública”. Existe consenso en combatir el crimen organizado y la delincuencia; con esa promesa llegó el actual Gobierno a La Moneda. El préstamo ilícito, llamado “gota a gota”, es una práctica criminal que se debe perseguir con todo el rigor del sistema penal. Pero una cosa muy distinta es utilizar ese argumento y el temor de la población para otros fines, como subir las tasas de los créditos más pequeños del sistema financiero al que acceden las familias de menores recursos. No existe evidencia que vincule la tasa máxima con el acceso al préstamo ilegal, y apelar a ese argumento para encubrir la pretensión de subir las tasas de interés –que en su momento superaron el 50%– no es aceptable.