La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS) manifestó su preocupación ante los resultados del estudio regional “¿Qué pasa con el salario? 2026”, elaborado por Laborum, cuyos datos reflejan una realidad económica cada vez más compleja para millones de trabajadores y trabajadoras del país. Según la investigación, el 90% de las personas que trabajan en Chile declara no tener capacidad de ahorro, una cifra que posiciona al país entre los más afectados de América Latina y que evidencia las crecientes dificultades económicas que enfrentan las familias para llegar a fin de mes.

La advertencia surge luego de diversas actualizaciones normativas y procesos de consulta pública desarrollados durante 2026, particularmente en torno al nuevo Registro de Deuda Consolidada (REDEC) y la implementación gradual del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), iniciativas que permitirán un intercambio más amplio de información financiera entre bancos, entidades fintech y otros actores del sistema.

Tras siete años de tramitación, a fines de este año comenzará a regir la nueva ley 21719, la cual eleva el estándar regulatorio nacional, en materia de tratamiento y protección de datos personales, homologándolo con el sistema europeo. Entre los principales cambios que introduce la normativa se encuentra la exigencia de consentimiento informado y explícito. Ello, para el tratamiento de datos personales.

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS) manifestó su preocupación ante la reciente alerta emitida por el IPS y ChileAtiende, según la información difundida por ambos organismos, los delincuentes estarían utilizando páginas falsas que simulan los canales institucionales para inducir a los usuarios a ingresar antecedentes sensibles, tales como números de tarjetas bancarias, fechas de vencimiento, códigos de seguridad (CVV), claves personales y otros datos financieros.

La reciente entrada en vigencia de modificaciones legales relacionadas con la prescripción de obligaciones tributarias ha generado interés entre miles de contribuyentes que buscan regularizar su situación financiera. De acuerdo con información publicada por el medio regional El Morrocotudo, uno de los cambios más relevantes consiste en facilitar procedimientos administrativos que anteriormente requerían gestiones judiciales más complejas, permitiendo que determinados contribuyentes puedan acreditar de manera más expedita que una deuda tributaria ya se encuentra prescrita. Esta modificación busca entregar mayor certeza jurídica y reducir costos asociados a trámites legales.

Las regulaciones que entregan información clara a las personas también pueden impulsar cambios positivos en la industria y contribuir a una alimentación más saludable para todos. Así lo demuestra un estudio liderado por investigadoras del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociades a la Nutrición (CIAPEC) del Instituto de Nutrición y tecnología de Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile.