La aparición de nuevos antecedentes sobre los denominados “cobros fantasmas” en las cuentas de electricidad vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad de las empresas distribuidoras frente a sus consumidores. De acuerdo con antecedentes dados a conocer por T13, Enel habría tenido conocimiento de situaciones relacionadas con cobros anómalos desde hace 16 meses, sin que ello evitara que consumidores continuaran recibiendo cuentas con montos que, en algunos casos, presentan diferencias significativas respecto de su consumo habitual. Para CONADECUS, esta situación es especialmente preocupante porque el consumidor no tiene por qué asumir las consecuencias de eventuales errores, fallas de medición o deficiencias en los sistemas utilizados por las empresas para determinar el monto de sus cuentas.

La defensa de los derechos de los consumidores continúa desarrollándose en distintas instancias judiciales. De acuerdo con la actualización del estado de las demandas colectivas de CONADECUS al 14 de agosto de 2026, la organización mantiene causas en tramitación ante tribunales civiles, cortes de apelaciones, la Corte Suprema y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), además de otras acciones judiciales y administrativas. Entre las causas internas de CONADECUS existen procesos que se encuentran en distintas etapas, desde procedimientos probatorios hasta recursos pendientes ante tribunales superiores.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción de 11,8% en los recursos destinados al Ministerio de Energía. El recorte alcanza programas de energías renovables, eficiencia energética y transición energética, mientras la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) también enfrenta una disminución presupuestaria. Para los consumidores, la discusión va más allá de las cifras: ¿qué impacto podría tener un Estado con menos recursos para fiscalizar y promover un sistema energético más eficiente y accesible?

La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales volvió al centro del debate luego de que senadores de oposición cuestionaran el plazo de un año propuesto por el Gobierno para postergar su aplicación. La Ley N° 21.719, despachada por el Congreso en agosto de 2024, establece actualmente que sus disposiciones comiencen a regir el 1 de diciembre de 2026. Sin embargo, el Ejecutivo ingresó en septiembre un proyecto que busca trasladar esa fecha al 1 de diciembre de 2027, argumentando que se requiere tiempo adicional para contar con las condiciones institucionales, regulatorias y operativas necesarias para su implementación.